Tasia Aránguez

Nussbaum, en su libro Las fronteras de la justicia, sostiene que las personas ciegas, sordas y que usan sillas de ruedas pueden realizar una amplia variedad de trabajos a un nivel tan elevado como el de cualquier otra persona. Si eso se cuestiona no es por nada inherente a tales discapacidades, sino porque la organización social es discriminatoria y el entorno social y laboral no está adaptado a esas características distintas. Esa falta de adaptación es precisamente lo que causa que sus capacidades de acción se vean limitadas. Las teorías filosóficas de tipo contractualista están en la raíz de esta discriminación.

Cualquiera podría encontrarse en esa situación en el futuro, lo que debería ser motivo suficiente para que la sociedad se concienciase sobre las necesidades de las personas con discapacidad, tales como el acceso a una educación adaptada, a una reconfiguración del espacio público (rampas para sillas de ruedas, acceso especial a los autobuses, firma táctil, etc.). Realmente, lo que vuelve diferentes a los ciegos, sordos y los que van en sillas de ruedas, en relación con la vida pública, es que el espacio público no está en general adaptado para ellos.

Las teorías filosóficas contractualistas, base de la actual teoría de la democracia, contienen unos postulados profundamente injustos para las personas con discapacidades, ya que sostienen que las personas solo se reúnen y establecen por contrato los principios de la sociedad si pueden obtener un beneficio mutuo. Es decir, para el contractualismo, el acuerdo de cooperación es para obtener un beneficio, y por tanto los participantes querrán juntarse con personas de cuya cooperación esperan obtener algo (que suele traducirse a términos económicos), y no con personas que requieren unas atenciones inusuales y costosas.

Los cálculos economicistas concluyen que los gastos superan con mucho los beneficios de la productividad económica resultante de una plena inclusión de las personas con discapacidades, pues eso supone rediseñar las instalaciones usadas por todos en función de un número muy reducido de personas. No sucede lo mismo en el caso de las adaptaciones destinadas a evitar las discriminaciones por razón de raza y de género, pues cabe defender que son económicamente eficientes, en la medida en que incorporan a la población trabajadora sin necesidad de costosas adaptaciones.

A lo largo de toda la historia del pensamiento político en Occidente, la esfera del contrato social ha sido vista cómo una esfera pública, caracterizada por la reciprocidad entre individuos productivos y por el intercambio económico. Esta esfera es habitualmente contrapuesta a otra esfera, la llamada esfera privada, o el hogar, donde las personas hacen las cosas por amor, donde las relaciones contractuales están fuera de lugar, y donde se encuentran las personas no productivas de la sociedad.

El contractualismo parte de una visión reduccionista de las personas en las que estas solo se preocupan por los intereses propios, y no por los de otras personas. Nussbaum critica la metáfora del contrato social, en la que las personas, temerosas de que otras igual de fuertes les dañen, y para evitarlo deciden firmar un contrato. Considera que las personas pueden cooperar por amor a la justicia.

Además, la metáfora del contrato social parte de una imagen distorsionada de la humanidad, formada por individuos plenamente cooperantes a lo largo de toda su vida, y, por lo tanto, como si las personas no tuvieran necesidad de asistencia en tiempos de dependencia extrema por los que todos pasamos, tales como la primera infancia, la vejez y los momentos de enfermedad. También distorsiona la elección de los bienes primarios, al esconder el hecho de que la sanidad y otras formas de asistencia son bienes básicos que hacen posible el bienestar. Más en general, la asistencia a la infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidades físicas y mentales es una de las principales tareas que debe afrontar cualquier sociedad, y es una fuente de injusticia en la mayoría de las sociedades.

La concepción contractualista se vincula con la noción kantiana de la persona, que a su vez se integra en una larga tradición que se remonta a los griegos y a los estoicos romanos, para quienes la personalidad se identifica con la razón (en especial con la capacidad para el juicio moral), concebida como un aspecto de los seres humanos que los separa claramente de los animales no humanos y de su propia animalidad. Para Kant, por lo tanto, la dignidad humana está radicalmente escindida del mundo natural.

Esto excluye de la dignidad a todos los seres que carecen de la compleja capacidad para el razonamiento moral que en opinión de Kant caracteriza a los humanos maduros (esta noción excluiría del ámbito de la dignidad a las personas con graves discapacidades mentales). La escisión kantiana sugiere la idea de que el núcleo de nuestra personalidad es autosuficiente, carente de necesidades y puramente activo. Pensar de este modo supone distorsionar en gran medida la realidad.

La visión económica que lo mide todo el términos monetarios no puede dar cuenta del bienestar de las personas con discapacidades, tal y como sostiene Sen. Así, una persona que va en sillas de ruedas puede tener los mismos ingresos y riqueza que una persona de movilidad “normal”, y, sin embargo, poseer una capacidad desigual de moverse de un lado a otro.

Nussbaum sostiene que las variaciones son un rasgo omnipresente en la vida humana, los niños necesitan más proteínas (un nutriente caro) que los adultos, las mujeres embarazadas o en período de lactancia tienen más necesidades nutricionales que las no embarazadas. Por ello hay muchos casos en los cuales los individuos se encuentran limitados de forma atípica por la estructura misma de la sociedad. Una cultura que desincentiva tradicionalmente que las mujeres adquieran una educación deberá dedicar más recursos a la alfabetización femenina que a la masculina.

Una visión economicista como la de Rawls parece decir: Dadle a la persona que va en silla de ruedas suficiente dinero, y podría moverse de un lado a otro; el único problema es determinar la cantidad de dinero. Sin embargo, apunta Nussbaum, no importa cuánto dinero demos a la persona que va en silla de ruedas: seguirá sin tener un acceso adecuado al espacio público hasta que el espacio público mismo sea rediseñado. Seguiríamos sin haber llegado a la raíz del problema, debería haber accesos para sillas de ruedas en los autobuses y aceras, y todos los edificios deberían tener rampas y ascensores accesibles para sillas de ruedas.

En resumen, la tarea de integrar a las personas con discapacidades en el espacio público es una tarea pública, que requiere una planificación pública y un uso público de los recursos. La pregunta importante que debemos hacer no es cuánto dinero tienen las personas con discapacidades, sino qué son o no son capaces de hacer. Y una vez que hemos establecido eso, debemos preguntar cuáles son los obstáculos que les impiden llegar al umbral adecuado de funcionamiento.

La tendencia general en todas las sociedades modernas ha sido denigrar las competencias de las personas con discapacidad y su contribución potencial a la sociedad. En parte por el elevado coste de apoyar plenamente estas capacidades, es más fácil negar la evidencia de que las personas con graves discapacidades pueden alcanzar en muchos casos un elevado nivel de funcionamiento. No hace mucho se habría dado por sentado que una persona que fuera ciega o sorda simplemente no podía recibir una educación superior o participar en la vida política, o que una persona en silla de ruedas no podía practicar deportes o realizar un amplio espectro de trabajos.

La idea es que las personas con discapacidades puedan vivir con la máxima independencia posible, con privacidad y dignidad, y realizar el máximo sus potencialidades. Por tanto se trata de fomentar la independencia, de modo que la persona decida en el día a día cómo quiere vivir su vida. La asistencia se debe proporcionar en las áreas en las que sea necesaria, de tal modo que la persona con discapacidad pueda participar en la mayor medida posible en las decisiones y elecciones.

A comienzos de 1970, en Mills v. Board of Education, el tribunal de distrito de Columbia falló a favor de un grupo de niños con discapacidades mentales que reclamaban contra su exclusión de las escuelas públicas del distrito de Columbia. El tribunal sostuvo que la denegación de una educación pública adecuada y gratuita a los discapacitados mentales es una violación de la igualdad de protección. El tribunal sostuvo que esa violación no podía justificarse con el argumento de que el sistema no tenía suficientes fondos y que era demasiado costoso incluir a aquellos niños.

Esta sentencia muestra que la finalidad de la cooperación social no puede ser obtener un beneficio económico. La cooperación social y la doctrina filosófica que la sostiene debe basarse en la finalidad de promover la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos.

La sociedad tiene, pues el mandato de lograr que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de desarrollar todo el espectro de capacidades humanas, hasta donde permita su condición, y disfrutar de tanta libertad e independencia como sea posible.

El reto, dice Nussbaum es que la teoría de la democracia liberal, que es base de nuestra actual cultura política, rechace el feudalismo y la jerarquía de un modo aún más completo que el liberalismo clásico, eliminando la arbitraria distinción entre ciudadanía «normal» y ciudadanía discapacitada.

Martha Nussbaum, «Las fronteras de la justicia»