Tasia Aránguez

Tras una primera entrada, en esta segunda entrada prosigo con algunas reflexiones sobre la democracia participativa. Ésta ha recibido abundantes críticas que conviene repasar si queremos plantearnos seriamente su posible implementación. Una de las críticas más frecuentes es que la ciudadanía no tiene los suficientes conocimientos ni capacidad intelectual para hacer frente a las complejas cuestiones técnicas y científicas que implica la política. Esta tesis suele ir acompañada de planteamientos elitistas que defienden modelos cercanos a la “tecnocracia”, es decir, que el poder recaiga en mayor medida en manos de técnicos y expertos. Este tipo de planteamientos parecen ignorar que las decisiones revestidas de apariencia técnica o científica también pueden ser interesadas y que las personas sabias no tienen por qué ser más justas.

Como señala Sempere, la tecnocracia acaba siendo siempre una forma de legitimar decisiones basadas en intereses económicos o políticos de minorías oligárquicas. Así,

“pocas veces hay una única solución a un problema. La ciencia y la técnica aplicadas al trazado de una carretera, a la instalación de una planta de residuos o a la gestión de recursos hídricos de un territorio no pueden dar soluciones únicas y objetivas según criterios técnicos.”

Frecuentemente, los poderes económicos se apoderan del saber especializado para ponerlo a su servicio y muchas personas expertas se ven atrapadas en dilemas morales de perder su puesto de trabajo si no dicen lo que desea su empresa. La ciudadanía debe escuchar a quienes saben, pero decidir sí misma. Por tanto, el ideal político que más fomenta la intelectualidad no es aquel que defiende un poder autoritario asesorado por unas pocas personas, ni aquel que apuesta por el poder de una oligarquía de gente sabia; sino el que trabaja por lograr un pueblo libre y cada vez más culto, que valora el conocimiento. Por supuesto, bajo mi punto de vista, los procedimientos participativos deben contar con información y debate.

En relación con esta crítica está aquella que sostiene que, tras los mecanismos participativos y dada la ignorancia ciudadana, lo que suele haber es manipulación e intereses de determinados lobbies que juegan con la opinión pública manejándola a su antojo. Según esta crítica, carece de sentido que cada vez más personas participen en asuntos de los que no saben nada. Esto solo sirve para poner el poder en manos de aquellos grupos de interés con capacidad de influencia. Considero que no conviene despreciar esta objeción y que hay que tenerla muy presente tanto en la construcción como en el análisis de experiencias participativas.

Otro argumento esgrimido contra la democracia participativa es que la ciudadanía no tiene suficiente tiempo para informarse y participar en los asuntos públicos ya que están cansados por sus jornadas de trabajo. Además de la falta de tiempo, la ciudadanía adolece de falta de interés. Sin embargo, frente a esta crítica hay que hacer constar que actualmente la clase política decide sobre tantos asuntos simultáneamente que muchas veces no tienen tiempo para informarse adecuadamente sobre todos ellos. En muchos procedimientos participativos, al basarse en que un grupo reducido de personas estudia a fondo un asunto determinado, el nivel de información con el que se procede a la toma de decisión es muy superior que el habitual en la praxis de la democracia representativa. Los mecanismos participativos deben buscar el modo de paliar el desinterés y de compensar a la ciudadanía por el tiempo dedicado a los asuntos públicos.

Un aspecto que resaltan las voces críticas con la democracia participativa es que los mecanismos que la ponen en práctica suelen dar voz a las personas que ya la tienen, personas de un nivel social elevado y con medios económicos para, por ejemplo, tener acceso a internet. Estos mecanismos muchas veces excluyen, según dichas críticas, a personas sin voz como inmigrantes, parados, amas de casa y otros grupos marginados. Bajo este punto de vista, las elecciones continúan siendo el sistema de participación más igualitario. Esta crítica puede ser cierta en algunos casos y conviene tenerla presente al elaborar prácticas de participación que den cabida a las personas más excluidas de la participación política.

Otra crítica que no debe ignorarse es la de que los mecanismos en muchos casos no son vinculantes y no son tomados en consideración por la clase política, pues las decisiones ya están tomadas de antemano y la única finalidad del mecanismo participativo era otorgar mayor legitimidad a la decisión. Como señala Harms, en estas condiciones el mecanismo de participación no serviría de nada, pues un procedimiento de este tipo debe estar abierto y no decidido de antemano.

Harms señala algunos criterios que pueden servirnos para valorar cuándo el mecanismo de democracia participativa que estemos analizando logra efectivamente promover la participación ciudadana. Entre los criterios podemos citar: la máxima inclusión (que pueda participar toda la ciudadanía y no solo aquella con más medios o cualificación como ocurre con algunas experiencias de democracia por internet que no logran paliar la llamada “brecha digital”), el funcionamiento deliberativo (las personas participantes deben contar con buena información sobre los pros y contras de la decisión que van a tomar), la utilidad de la participación (los mecanismos no pueden servir para justificar decisiones políticas que ya han sido tomadas e instrumentalizar a la opinión pública; las personas participantes han de tener la certeza de que sus propuestas no se quedarán en un papel) y apoyo del bien común (el mecanismo debe neutralizar los intereses personales, no permitiendo que quienes participen utilicen su participación para “hacer carrera” ni para obtener ningún otro tipo de beneficio privado).

A. Rendón Corona: “Los retos de la democracia participativa”

J. Sempere: “La democracia y los expertos”

G. Delannoi: “On several kinds of democracy”

H. Harms: “La necesidad de repensar la democracia II”