Jesús M. Morote
Follow @JesusMMorote
Venimos asistiendo a la reaparición de un viejo concepto de la Filosofía Política, el de «pueblo», en numerosos discursos antisistema (contrarios al sistema establecido en los países occidentales de Estado de Derecho). Ciertamente, no se trata de un ataque directo al Estado burgués liberal, como pudo ser en su día el de Marx. Dada la potencia de los modernos Estados democráticos y la imposibilidad de derribarlos mediante un ataque frontal, se huye del debate claro y directo y se inicia una maniobra de derribo lateral, subrepticia. Es así como hace su aparición el equívoco término «pueblo» en el debate político, asociado además a una herramienta institucional, el referéndum, reconocida en todas las Constituciones, pero a la que se atribuye ahora un papel bastante diferente a su finalidad propia en los sistemas democráticos.
Es de destacar que, frente a una idea de pueblo, como, por ejemplo, la que contempla nuestra Constitución al hablar de que «la soberanía nacional reside en el pueblo español«, es decir, una idea que equipara pueblo con ciudadanía o con otro término también utilizado en Filosofía Política, el de demos, que sólo alude, de forma extensiva, al conjunto de los ciudadanos con derecho político de sufragio, la idea de pueblo que introducen estos nuevos discursos a que me refiero es, en cierto modo, más estrecha y excluyente, como enseguida veremos, pero también, en otro aspecto, potencialmente más amplia por cuanto es intensiva: no se refiere a los ciudadanos tomados uno a uno, sino a una colectividad que trasciende a la ciudadanía, que define a la ciudadanía no mediante el conjunto de sus miembros, sino como una unidad histórica trascendente a la que los ciudadanos están vinculados, de forma que éstos le deben una fidelidad cuya violación los desligaría del «pueblo», convirtiéndolos incluso en enemigos del pueblo.
De esta forma se puede, sin ostentar mayoría en las instituciones establecidas para la adopción de las decisiones políticas en la comunidad, presentar como ilegítimas tales decisiones por ir en contra del pueblo. En este esquema, el referéndum se presenta como una herramienta imprescindible. Pero el referéndum no tiene aquí el papel de «refrendo» (como sería propio de su etimología) de alguna decisión adoptada en el seno de los procesos institucionalizados de toma de decisiones políticas, sino que se le asigna el papel de oponer la voluntad del pueblo precisamente a las decisiones que se han tomado en el seno de las instituciones encargadas de hacerlo según el procedimiento legal establecido dentro del Estado o de la Comunidad política transnacional (caso de la Unión Económica y Monetaria europea).
Por eso, lo característico de esos referendos, efectivos (como el griego) o frustrados (como el catalán), es formularse mediante una enrevesada pregunta que no contiene un auténtico acto de decisión inequívoco, sino que se mueve en el ámbito de una manifestación de voluntad difusa, como corresponde al carácter difuso del sujeto de esa voluntad, el pueblo. Es muy significativo que tanto el Govern de la Generalitat en España como el Gobierno griego hayan gastado muchos recursos propagandísticos en insistir en que el voto a sus propuestas no supone el abandono de la Unión, mientras que los órganos de la Unión interpretan el resultado posible de tales referendos como decisiones de permanencia o de abandono de dicha Unión.
Lo preocupante del uso comentado del concepto «pueblo» es que está emparentado con el ataque al Estado de Derecho democrático surgido de las revoluciones burguesas del siglo XIX por parte de ciertos movimientos políticos, cuyas consecuencias nefastas son conocidas históricamente. Por eso conviene, antes de deslizarnos por esos juegos semánticos, repasar un poco cómo se desarrolló ese pensamiento político.
Herbert Marcuse ha analizado la relación entre el pensamiento político de Hegel, representante en su momento del Estado liberal burgués, y el pensamiento político nacionalsocialista. Aunque es bastante habitual ver a Hegel y su Filosofía de la Historia relacionados con el nacionalsocialismo, Marcuse rechaza de plano dicha afinidad.
Acude a Alfred Rosenberg, el principal teórico de la filosofía nacionalsocialista, para señalar el rechazo por ésta de la herramienta fundamental de la Filosofía Política de Hegel, el Estado, sustituyéndola por el Volk (pueblo en alemán), que pasa a ser el sujeto político preferente. El Estado hegeliano era el marco institucional en que se desarrolla, en palabras de Marcuse, la «conciencia de la libertad» y en el cual «las instituciones sociales y políticas podían llegar a concordar con el libre desarrollo del individuo«. A ese Estado opone el nacionalsocialismo al pueblo, superior al Estado y sujeto único de la Filosofía de la Historia nacionalsocialista. Estado y pueblo son, pues, dos conceptos incompatibles.
La palabra pueblo representa un concepto esencial para autoritarismos y dictadores, que gustan de unidades de las cuales ellos mismos se presentan como personificación. Por el contrario, la pluralidad ideológica y dialógica se representa como un enjambre de facciones, banderías, que rompen la unidad de la patria.
Me gustaría que el lector reflexionara sobre la intensa relación que guarda el concepto de pueblo con la sustitución, como marco de conformación de las decisiones políticas, de las elecciones por los referendos «populares». El sistema representativo propio de las actuales democracias tiene una virtud que no se les escapaba a los primeros filósofos de la democracia moderna, empezando por Rousseau. Si atendemos a la senda bien conocida marcada por Aristóteles, el buen o el mal gobierno de la Cosa Pública no depende tanto de si lo ejerce uno solo (monarquía), unos pocos (aristocracia) o muchos (democracia), sino de si el que ejerce el poder lo hace en su propio beneficio (las correspondientes formas «desviadas» de los tres tipos anteriores: tiranía, oligarquía y oclocracia) o en beneficio de la comunidad. No puede negarse que el representante o diputado no está exento de poder actuar en beneficio propio, en vez del de sus representados, pero al menos cabe la posibilidad de que la honradez le lleve a, siquiera parcialmente, pensar también, e incluso primordialmente, en el interés general en lugar del propio. Y, en todo caso, podrá el votante remover el mandato en la siguiente convocatoria electoral. Pero, convocado el pueblo a votar en referéndum: ¿qué podría mover al votante a votar a favor del interés abstracto de la comunidad si él no representa a nadie más que a sí mismo? En un referéndum cada votante vota según su interés, porque no tiene ninguna instancia superior cuya voluntad represente y porque no tiene un representado o mandante ante quien responder y en cuyo interés votar. En tales condiciones, el resultado del referéndum no representa (en contra de lo que pueda parecer) el interés de todos, sino el interés de la mayoría que se impone sobre la minoría: gana irremisiblemente la opción que recibe más votos y ya no hay más que discutir. Un pueblo no tiene que pensar mucho en cuál es el interés general, porque no responde ante nadie, ya que el pueblo es la suprema y trascendente instancia política.
Si lo anterior es cierto en cualquier referéndum, sea éste convocado en el seno de una democracia o de una dictadura, el papel que puede llegar a tener si se produce dentro de una democracia presenta un aspecto adicional merecedor de atención. No hay problema si el referéndum versa sobre una cuestión sencilla o consiste en aprobar o rechazar una ley aprobada en el Parlamento. Pero si el referéndum se utiliza como arma contra las instituciones, como ha sido el caso de Grecia contra las instituciones europeas, el referéndum se presenta como un gigantesco mecanismo de lavado de culpas. Grecia alcanzó una determinada situación económica a través de sucesivos Gobiernos legítimamente elegidos por votación en las urnas. Si los griegos votaron a políticos corruptos e ineficaces, es su responsabilidad como ciudadanos. Pero el referéndum brinda la gran oportunidad de escurrir el bulto, de rehuir responsabilidades y autoexculpar su censurable conducta como ciudadanos mediante la nueva faz de «pueblo»: el pueblo griego libera de culpas a la ciudadanía griega, renaciendo como una víctima sin culpables, o peor, derivando la culpa (ya que el desastre sigue presente y efectivo, sea cual sea el resultado del referéndum) hacia el exterior, hacia los países acreedores, hacia la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Porque, lavada la culpa del pueblo griego, y siguiendo siendo real el castigo, o sea, la lamentable situación económica, ¿a quién imputar la culpa que ha traído ese castigo, si el pueblo griego, como tal pueblo, ya se ha declarado a sí mismo inocente?
Herbert Marcuse: Reason and Revolution (Razón y revolución)
G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts (Principios de la Filosofía del Derecho)
Aristóteles: Política
La galería de los perplejos 
Escribes:
«Así pues, sólo hay una interpretación posible del interés o bien común: el interés o bien común es el interés o bien de algunos en contra del de otros. ¿Qué justifica que unos se impongan sobre otros, que el bien de unos se consiga a costa del mal de otros? No me explayo más, pues no lo creo necesario».
No es necesario, pues volvemos a coincidir. El tan cacareado «bien común» siempre lo será según los intereses y voliciones de una «parte de» la sociedad.
Un saludo.
Me gustaMe gusta
Dice un viejo dicho latino: «res totius, res nullius«: lo que es de todos, no es de nadie. Eso pasa con el interés común o el «bien común» (o la «voluntad general», etc.). Si el interés común coincide con el de todos los ciudadanos, entonces no es común, sino universal, que es otra cosa. Si el interés común no coincide con el de nadie, raro interés es ése, que va en contra del de todos y cada uno.
Así pues, sólo hay una interpretación posible del interés o bien común: el interés o bien común es el interés o bien de algunos en contra del de otros. ¿Qué justifica que unos se impongan sobre otros, que el bien de unos se consiga a costa del mal de otros? No me explayo más, pues no lo creo necesario.
Sobre el resto de las cuestiones que tratas, Herrgoldmundo, especialmente lo de la «discriminación positiva», me vas a permitir que, de momento, no entre en ellas y me reserve para posteriores debates en los que podremos discutir eso en profundidad, pues una cuestión ya un poco alejada de la línea principal de reflexión de esta entrada.
Me gustaMe gusta
Hola de nuevo.
Escribes:
«En principio, no veo a los “colectivos”, siempre indefinidos (o que se definen según a quién le interese), como titulares de derechos, que sólo los ostentan las personas».
Yo pienso lo mismo, que los derechos solo los ostentan las personas, pero no son pocos los debates en los que he intervenido que el interlocutor de turno (siempre de «izquierdas») me espeta que lo «justo» es anteponer los derechos colectivos a los individuales, por aquello de que el «bien común» está por encima de intereses particulares y egoístas.
Entonces yo argumento que dicho planteamiento es despótico y me salen con lo de siempre, que si en realidad soy «facha», liberal o neoliberal… y no se bajan de la burra.
Personalmente, no estoy de acuerdo con la falaz denominación de «discriminación positiva», pues, al cabo, no deja de ser una discriminación, solo que legitimada por los intereses, como bien apuntas, de determinados colectivos y/o ideologías.
Respecto a «los derechos de los pueblos» no veo clara su razón de ser. Como señalas, parece un «sucedáneo» del «derecho de autodeterminación» (reconocido por la ONU) hacia aquellas naciones que devinieron colonias. Nada que ver con el hecho de que, una vez más, determinados colectivos (nacionalismo gallego, vasco, catalán…) hayan pervertido dicho concepto para servir sus intereses.
Por último, yo considero el derecho a la libertad individual el más fundamental de todos, pues en dicho derecho está implícito el reconocimiento de todos los que enumeras: derecho a la libre opinión y expresión, de reunión, de sufragio…
Un saludo.
Me gustaMe gusta
Dices, Herrgoldmundo:
«¿serían equiparables los “derechos de los pueblos” con “los derechos colectivos? ¿Existirían diferencias entre ambos?
(…).
¿Cuál das a entender que sería “el más principal de los derechos humanos”? ¿No sería el Derecho a la libertad individual?»
Los «derechos de los pueblos» son una modalidad de los «derechos colectivos», como los llamados derechos de la mujer, derechos de los trabajadores, derechos de los homosexuales, etc.
En principio, no veo a los «colectivos», siempre indefinidos (o que se definen según a quién le interese), como titulares de derechos, que sólo los ostentan las personas. Por otro lado repugna a la razón jurídica moderna y democrática (alejada de las sociedades tradicionales, con estatutos jurídicos personales, como ocurría en Europa en la Edad Media, o todavía hoy en sociedades de castas) que alguien (alguna persona) pueda tener ciertos derechos que otros no tienen, por pertenecer a determinado grupo social. La Constitución Española es bastante clara al respecto:
Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Se ve que habla de «discriminación», y, en buen español tradicional, eso significa «seleccionar excluyendo», aunque se ha acabado imponiendo la idea de que la discriminación sólo es cuando se da trato de inferioridad. Que eso no es exactamente así resulta claramente de la necesidad de hablar de discriminación positiva y discriminación negativa, cosa que la Constitución no hace.
Lo de los «derechos de los pueblos» aparece en un contexto determinado y en apoyo teórico y doctrinal de los procesos de descolonización de los primeros dos tercios del siglo XX. De ese contexto bastante determinado y concreto se ha extendido abusivamente por todo aquel que quiere obtener alguna ventaja dentro de un sistema jurídico en principio totalmente igualitario en cuanto a concesión de derechos y deberes, como son los regímenes democráticos occidentales.
Desde luego, los derechos humanos principales, en mi opinión, son los derechos políticos básicos, generalmente de orden negativo, es decir, que no exigen ninguna obligación de hacer o dar por parte de nadie respecto del titular del derecho, sino simplemente de no hacer. Los derechos clásicos: libertad de expresión, de opinión, deambulatoria, derecho de sufragio, de reunión, etc.
Me gustaMe gusta
Gracias por contestar, Jesús.
Suscribo y estoy de acuerdo:
«Yo no tengo una varita mágica para decir qué es legítimo y qué no lo es. Pero personalmente te diré que, desde mi posición filosófica que pivota sobre el concepto de ciudadano y no sobre el de pueblo, no creo en los “derechos humanos de tercera generación” o “derechos de los pueblos”. Sólo creo en los derechos de los ciudadanos y, por tanto, no le veo legitimidad alguna a la propuesta de secesión externa al propio proceso legal de reforma constitucional. El que crea en los derechos de los pueblos por encima de los derechos de los ciudadanos (controversia que es el tema de esta entrada del blog) pensará que la Constitución española, al no reconocer ese “derecho de los pueblos”, pese a ser legal, sería ilegítima, pues no reconocería el más principal de los derechos humanos. Pero creo que todavía no hemos llegado al extremo de que eso sea una posición muy extendida».
Ésta es también mi opinión: el derecho de los ciudadanos está por encima del derecho de los pueblos, es decir, siempre sostengo que los derechos individuales están por encima de los derechos colectivos.
Desde tu punto de vista, ¿serían equiparables los «derechos de los pueblos» con «los derechos colectivos? ¿Existirían diferencias entre ambos?
Yo tengo la desgracia de vivir en Cataluña y te puedo asegurar que el sentir general (al menos de quienes pueden dar la cara sin temor) es el de considerar ilegítima nuestra Constitución, a lo cual, por cierto, ha ayudado mucho nuestra «izquierda» (que no pierde ocasión en señalar que es heredera del franquismo…).
Un saludo.
PD: por cierto, cuando escribes:
«…pensará que la Constitución española, al no reconocer ese “derecho de los pueblos”, pese a ser legal, sería ilegítima, pues no reconocería el más principal de los derechos humanos».
¿Cuál das a entender que sería «el más principal de los derechos humanos»? ¿No sería el Derecho a la libertad individual?
Me gustaMe gusta
No es cuestión de ser un «sofista», Herrgoldmundo. Sencillamente me ciño a las reglas del juego del blog. Éste es un blog de Filosofía y no de Política. Quiero decir que estaría fuera de la perspectiva del foro, por ejemplo, dedicarnos a redactar una Constitución, un Código Penal o una Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Digo lo anterior porque, evidentemente, con el marco constitucional actual vigente, no sería posible la escisión de una parte del territorio español, por no haber cauce legal previsto para ello. Sí lo hay, por ejemplo, en Canadá (ver aquí). Por lo tanto, no tiene sentido celebrar un referéndum cuyo resultado, en caso de ser favorable a la secesión, se va a quedar en papel mojado.
Así pues, y teniendo en cuenta que nada humano es eterno (ni siquiera la predicada indisolubilidad de la patria), la cuestión pasaría por llevar a cabo una reforma constitucional, siguiendo el procedimiento que la propia Constitución prevé. En el nuevo texto constitucional se podría recoger el procedimiento para que cierta parte del territorio y de la población se separe. Naturalmente, no sólo el territorio catalán, sino cualquier parte del territorio español. Para ello habría que definir cómo se delimita el territorio y la población aspirante a la secesión. Y, naturalmente, supongo que se acabaría estableciendo la obligación de superar una cierta mayoría en un referéndum (pero eso deberían determinarlo las Cortes constituyentes al redactar la nueva Constitución).
El marco jurídico actual para reformar la Constitución, teniendo en cuenta que la «indisoluble unidad de la Nación española» está en el artículo 2, es decir, en el Título Preliminar, es el siguiente:
Artículo 168
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
O eso o dar un golpe de Estado por la fuerza, derrocar el régimen político vigente y refundar un nuevo Estado bajo una nueva Constitución. No hay más.
Respondiendo a tu pregunta, Herrgoldmundo, que es política y no filosófica, es totalmente legítimo que cualquier ciudadano reivindique el derecho de secesión de una parte (de cualquier parte que, en su fantasía, se le ocurra) del territorio español. Y la Constitución señala el camino para que pueda hacer efectivo ese derecho.
¿Sería legítimo el uso de la fuerza por la Generalitat de Cataluña para proceder a una secesión unilateral? Eso ya depende de si se considera que la Constitución española es una Constitución opresora y, por tanto, ilegítima. Pero, en principio, parece que, con todos sus defectos, es equiparable a cualquier Constitución de cualquier país democrático, y está homologada por la Unión Europea (que no admite regímenes dictatoriales u opresores en su seno).
Pero todo eso, vuelvo a repetir, es Derecho Político, no Filosofía Política.
Yo no tengo una varita mágica para decir qué es legítimo y qué no lo es. Pero personalmente te diré que, desde mi posición filosófica que pivota sobre el concepto de ciudadano y no sobre el de pueblo, no creo en los «derechos humanos de tercera generación» o «derechos de los pueblos». Sólo creo en los derechos de los ciudadanos y, por tanto, no le veo legitimidad alguna a la propuesta de secesión externa al propio proceso legal de reforma constitucional. El que crea en los derechos de los pueblos por encima de los derechos de los ciudadanos (controversia que es el tema de esta entrada del blog) pensará que la Constitución española, al no reconocer ese «derecho de los pueblos», pese a ser legal, sería ilegítima, pues no reconocería el más principal de los derechos humanos. Pero creo que todavía no hemos llegado al extremo de que eso sea una posición muy extendida.
Me gustaMe gusta
Hola Jesús.
Escribes:
«Pero, ¿no podemos imaginar un escenario en el que no todo deba ser objeto de decisión política? »
Podríamos, y de hecho yo mismo, que me considero liberal (últimamente muy seducido por postulados libertarios y anarcocapitalistas), he imaginado dicho escenario.
Y sigues:
«Sencillamente pueden ser decisiones que no haya que adoptar por ninguna instancia de poder, sino ser dejadas a la elección y acción de cada uno de los ciudadanos libres».
De nuevo totalmente de acuerdo contigo.
Y, sin embargo, vivimos en un mundo real (no imaginado) en el que constantemente se presentan problemas reales. Y, por desgracia, estamos supeditados, coacción mediante, a Estados «metomentodos» que deciden por nosotros (los más despóticos) o nos hacen creer que decidimos nosotros (democracias liberales).
Y como el mundo es real, los problemas son reales y el hombre, al cabo, y en el buen parecer de Zubiri, es un animal de realidades, te hago dos preguntas (directas y personales) para no desviar la cuestión apelando a «lo que debería ser, pero no es»:
¿Qué tendría que hacer el Estado, o la ciudadanía en general (en nuestras actuales circunstancias reales) ante el órdago secesionista catalán que pretende declarar (unilateralmente y vulnerando la legalidad vigentes) la independencia? ¿Es legítimo que una «parte de» la ciudadanía catalana reivindique su «derecho» a realizar un referéndum para esta cuestión en particular?
No te ofendas Jesús, pero creo que antes me has contestado como un buen sofista por tal de evitar mi «espinosa» pregunta.
¿Te atreverías, ahora, a dar tu opinión?
Un saludo.
PD: por supuesto entendería, que en tanto apareces con nombre y apellidos, no desees «mojarte». No están los tiempos para vanas heroicidades.
Me gustaMe gusta
Hola, Herrgolmundo. Es mejor poder identificar a los autores de los mensajes, para saber a qué se está respondiendo.
Preguntas: «¿Quiénes deberían, entonces, adoptar “ciertas decisiones políticas”? (…) En cualquier caso, la pregunta del millón sería ¿Cuáles serían aquellas “decisiones” que no deberían ser adoptadas por mayoría en referéndum?»
Al preguntar por el sujeto que debe adoptar las decisiones políticas, creo que partes de una premisa errónea: que siempre hay una decisión política que adoptar. Y eso entiendo yo que no es así.
Desde luego, en nuestro mundo contemporáneo donde el Estado Providencia ha adoptado el papel del antiguo Dios en su rol de Ser Supremo que viste a los lirios del campo y alimenta a los pajarillos, el Estado se ha convertido, como he dicho ya alguna vez, en un Estado Metomentodo. En tales circunstancias, siempre hay alguna decisión que adoptar que interfiere y condiciona la vida de los ciudadanos y, claro, siempre habrá que decidir si es mejor que la adopte un Gobierno corrupto y oligárquico, un equipo de tecnócratas o el pueblo.
Pero, ¿no podemos imaginar un escenario en el que no todo deba ser objeto de decisión política? ¿En el que, por el contrario, la mayoría de las cosas las decida cada uno bajo su propia responsabilidad sin interferencias ajenas? Porque voy a suponer que cada cual ya sabe lo que más le conviene sin que se lo diga un político. Eso no está muy lejos de lo que proponía John Locke.en el siglo XVII. Entonces, que haya ciertas decisiones que no debieran ser adoptadas en referéndum no conlleva que tengan que ser adoptadas de alguna otra forma. Sencillamente pueden ser decisiones que no haya que adoptar por ninguna instancia de poder, sino ser dejadas a la elección y acción de cada uno de los ciudadanos libres.
Lo importante no es quién toma las decisiones, sino las cortapisas y límites que se imponen al poder para que no tome ciertas decisiones y se limite a tomar las imprescindibles para el mantenimiento de la estructura política que garantice la seguridad de la actividad particular de cada cual. En este sentido, incluso en el marco del Estado Metomentodo, siempre es preferible un ámbito institucional en el que distintos poderes se contrapesen (por ejemplo, y hablando de Grecia, el Gobierno griego y el Consejo de Europa) que un recurso a una instancia última e irresponsable, tal como el «pueblo» al que se refería mi entrada.
Me gustaMe gusta
Hola Jesús, olvidé firmar mi mensaje anterior (soy el anónimo). Gracias por contestar.
Creo que, en el fondo, sí sostienes que el juicio popular no es «deseable».
Tú mismo concluyes: «Mi tesis es que el sistema político debe cortar de raíz el paso a que ciertas decisiones se adopten por mayoría en un referéndum».
Coincido contigo, «ciertas decisiones» políticas no deberían someterse a votación popular.
La opinión de las mayorías puede devenir sutil dictadura y, en cualquier caso, un mayor número de votos a favor de una causa no garantiza la legitimidad de la misma (vuelvo a coincidir contigo).
Ahora bien, vuelvo a plantearte la misma cuestión que en mi intervención anterior:
¿Quiénes deberían, entonces, adoptar «ciertas decisiones políticas»? ¿Un consejo de sabios como postulara Platón en su República?, ¿o un cuerpo de tecnócratas que prescindiera de los intereses partidistas (particularismos ideológicos) y actuara según principios orientados al bien común?
En cualquier caso, la pregunta del millón sería:
¿Cuáles serían aquellas «decisiones» que no deberían ser adoptadas por mayoría en referéndum? ¿Nos mojamos al respecto? prometo seguirte, lanza en ristre, si tú te lanzas en brava acometida.
Saludos.
Me gustaMe gusta
Te cuestionas, Javier: «¿Ciudadanía y pueblo son conceptos antitéticos? ¿No se constituye aquélla apelando a éste prepolíticamente (aunque sea a posteriori)? ¿No encierra esa constitución una aporía que sólo se impone fácticamente?»
Sabes bien que mi concepto de la filosofía es aporético. No espero encontrar verdades, sino sólo callejones sin salida, dilemas y paradojas. Pero escudriñar esos caminos sin salidas (aporía, viene del griego a-poros, que significa sin-camino, algo que no tiene salida) puede ser bastante fructífero e iluminador, dentro de las tinieblas en que nos vemos obligados a movemos.
Quizá me acuses de incurrir en un círculo vicioso, pero creo que puede orientarnos algo acudir a dos conceptos de Filosofía del lenguaje: extensión e intensión. Apunté algo de ello por encima en el texto que abre el post. Aunque tú, Javier, conoces de sobra esos conceptos, no estará de más explicarlos un poco para los que puedan no conocerlos.
Un término extensivo es una palabra que designa un conjunto de elementos existentes, que se agrupan conceptualmente bajo esa palabra. Por el contrario, un término intensivo es uno que designa un concepto, algo que tienen en común un conjunto potencial de elementos; conjunto que puede, incluso, estar vacío.
Ciudadanía sería un término extensivo, pues designa un grupo de hombres, sin que tales hombres tengan ninguna característica esencial común. Sin embargo, el «pueblo» es un concepto intensivo, que se determina por determinados rasgos esenciales, y que existiría aunque no hubiera nadie que tuviera dichos rasgos.
Desde luego, para determinar un conjunto mediante su extensión, si no queremos que se trate de un conjunto universal, algún rasgo de agrupación habrá que adoptar (por ejemplo, la nacionalidad jurídica), lo que nos conduce a la intensión y, por lo tanto, nos introduce en un círculo vicioso.
No obstante, ambos polos, extensión e intensión, nos pueden ser útiles para el análisis, en la medida en que el uno (extensión) nos remite a un esencialismo débil, a una cierta laxitud en los rasgos requeridos, mientras que el otro (intensión) nos remite a un esencialismo fuerte, a una cierta rigidez en la atribución de rasgos diferenciadores y discriminatorios.
Me gustaMe gusta
Perdona que no pueda llamarte por tu nombre, pero éste no aparece en el encabezado de tu mensaje ni éste viene firmado.
Desde luego, el título de la entrada buscaba ser llamativo. Vivimos en un mundo con exceso de información y si el título no atrae la atención, pocos lectores va a tener.
Pero nada más lejos de mi intención que dar por sentado que el «pueblo» suele equivocarse. De hecho no creo que haya nada en el texto inicial de mi entrada que se refiera a decisiones erróneas y decisiones correctas. Más bien el sentido de lo que dije es que hay que asumir las responsabilidades de lo que uno hace y de lo que uno vota. Y de ahí la falacia de no querer responder como pueblo de lo que uno ha votado como ciudadano.
Por otro lado, no he tomado la imagen de Barrabás como un hecho histórico, sino como un mito. De ahí la fuerza que pueda tener el titular. No soy un experto en la materia, pero en mi opinión, por lo que sé, la propia existencia de Jesucristo puede ser puesta en cuestión, pues las fuentes que la sustentan, a diferencia, por ejemplo, de la existencia de Tiberio o de Herodes, son sólo unos textos muy posteriores a su presunta existencia y de muy dudoso origen. Hume decía que en un juicio, con tales pruebas, ningún Tribunal daría por válidamente probados esos hechos. La existencia real de Jesucristo no ha sido confirmada por ninguna fuente ni textual ni arqueológica de la época en que se dice que vivió.
Por tanto, y como no soy historiador, no puedo tomar eso como un hecho. Sin embargo, sí que es indudable que el mito de Barrabás versa sobre lo mala que puede ser la elección llevada a cabo por masas engañadas y azuzadas por demagogos. Bajo mi punto de vista, por lo tanto, no es importante si Barrabás, si es que existió como personaje histórico, fuera malo y Jesús, si es que existió como personaje histórico, fuera bueno. En el mito, el personaje Barrabás representa el mal y el personaje Jesús, el bien. Son los papeles que tienen asignados en el mito y que nosotros no podemos cambiar (y da igual lo que ocurriera en realidad, si es que los hechos de la Pasión son ciertos)
Entonces, mi tesis es que la gente puede votar. Pero la mayoría no debe decidir por la minoría en asuntos que ponen en riesgo la libertad de esa minoría (y, en el fondo, también la de la mayoría). Aunque todos los ciudadanos de Jerusalén votasen en contra de Jesús, llevándolo a la cruz, esa decisión del «pueblo» no se puede tomar legítimamente, porque lleva a la muerte a un inocente. Recuérdese, a este respecto, otro conocido mito, la condena y muerte de Sócrates. Por eso es necesario un marco institucional que contrapese esas decisiones del «pueblo» y que actúe como garantía de la libertad de la ciudadanía. Y eso no se puede obtener acudiendo permanentemente, y para todo, a la vía referendaria. Mi tesis es que el sistema político debe cortar de raíz el paso a que ciertas decisiones se adopten por mayoría en un referéndum.
Me gustaMe gusta
Al hilo de tu último comentario…
Paradojas intrínsecas a cualquier nacionalismo y apelación al «pueblo» como sujeto de derechos: ¿Qué sujeto está legitimado para delimitar el demos en la legitimación democrática?
Parafraseándote:
«Supongamos, para simplificar, que la población de España está compuesta de tres individuos, A, B y C. A y B son partidarios de la indivisibilidad de España. Sin embargo, C es partidario de la secesión de Cataluña. A y B pueden tener derecho a decidir lo que quieren, pero no veo de ninguna forma que tengan derecho a decidir por C; y viceversa. Por tanto, si hablamos del “pueblo español”, hablamos del derecho de A y B a decidir por C. Y no sólo eso, sino aún más: decidir por los hijos de A, B y C; y por los nietos de A, B y C; etc.
Eso, en mi opinión, no es razonable ni democrático. Lo democrático sería que se repartiera el territorio y A y B vivieran en una zona y C en otra, separada esta última del resto del territorio español.
Es decir, en nombre del pueblo se está decidiendo que C tiene que pasar por lo que decidan A y B. O sea, que hay una incompatibilidad clara entre ciudadanía (votantes) y pueblo, imponiéndose este último concepto sobre el primero, lo que en realidad significa que la decisión de unos (la mayoría) se impone sobre la de otros (la minoría).
Y eso, sinceramente, por mucha votación que haya por medio, no es democracia tal como yo la entiendo.»
Esto evidencia las carencias de legitimación conceptual de los Estados-nación en su constitución, por muy democráticos que luego funcionen. En el fondo, ¿cómo se levanta todo el edificio democrático si la delimitación del demos es problemática? La única salida nacionalista es negar que exista el «pueblo» del otro, entrando en una discusión histórica, étnica, lingüística,… que desde luego es de escaso interés filosófico. ¿Hay alternativa?
¿Ciudadanía y pueblo son conceptos antitéticos? ¿No se constituye aquélla apelando a éste prepolíticamente (aunque sea a posteriori)? ¿No encierra esa constitución una aporía que sólo se impone fácticamente?
Me gustaMe gusta
Sigo contestando a vuestros amables comentarios, manteniendo el correspondiente orden.
Dice Jolublas: «¿Y si nos preguntamos por el derecho a decidir?». Oportuna pregunta y del máximo interés, debido a lo candente del asunto en España. Y que entra de lleno en el planteamiento que expongo en el post de inicio de este hilo.
La cuestión se suscita por los partidarios de un referéndum secesionista, sea en Cataluña, sea en el País Vasco, para limitarnos a lo que tenemos más cerca, mediante una equiparación que tiene bastante de falaz. Si en el referéndum vota la gente, referéndum=votaciones=democracia; por el contrario, no-referéndum=no-votaciones=no-democracia. Pero veamos las cosas más de cerca, a la luz de lo ya expuesto en este hilo.
Si hablamos de un «derecho» lo primero que hay que preguntarse es quién es el sujeto de ese derecho. Si no hay un sujeto titular de las facultades derivadas del derecho, no existe tal derecho, pues no hay ningún sujeto que pueda ejercerlo. Y es entonces cuando se pone en evidencia lo débil y ambiguo del concepto «pueblo». Porque los nacionalistas catalanes y vascos afirman que es un derecho del «pueblo catalán» o del «pueblo vasco». Eso obliga a definir con toda exactitud en qué consiste ese sujeto, el «pueblo», si no queremos que el derecho quede diluido en la misma ambigüedad vaporosa que caracteriza al titular del mismo.
Supongamos, para simplificar, que la población de Cataluña está compuesta de tres individuos, A, B y C. A y B son partidarios de la secesión de España y la constitución de un Estado catalán. Sin embargo, C es partidario de seguir bajo soberanía española. A y B pueden tener derecho a decidir lo que quieren, pero no veo de ninguna forma que tengan derecho a decidir por C; y viceversa. Por tanto, si hablamos del «pueblo catalán», hablamos del derecho de A y B a decidir por C. Y no sólo eso, sino aún más: decidir por los hijos de A, B y C; y por los nietos de A, B y C; etc. Van a decidir que, por ejemplo, en el imaginario de todas las generaciones futuras de catalanes, la batalla de Hohenfriedberg tenga el mismo significado que la batalla de Trafalgar.
Eso, en mi opinión, no es razonable ni democrático. Lo democrático sería que se repartiera el territorio y A y B vivieran en una zona y C en otra, unida esta última al resto del territorio español. Por ejemplo, que Lérida siguiera unida a España, desplazándose allí todos los catalanes que decidan seguir unidos a España y las tres provincias restantes se independizaran para formar un Estado independiente. Así que, quizá, lo que habría que preguntar antes de decidir si Cataluña se separa de España, es decidir si la población quiere esa división territorial y ese masivo desplazamiento migratorio.
No estoy seguro de lo que los nacionalistas catalanes votarían si se propusiera que todos los catalanistas de Lérida se mudasen a Barcelona, Tarragona y Gerona y que todos los españolistas de estas tres últimas provincias se mudasen a Lérida. Me temo que eso sería considerado inadmisible: Cataluña es indivisible, contestarían. Lo que está en juego no es lo que decida C, sino lo que decida el «pueblo catalán». Es decir, en nombre del pueblo se está decidiendo que C tiene que pasar por lo que decidan A y B. O sea, que hay una incompatibilidad clara entre ciudadanía (votantes) y pueblo, imponiéndose este último concepto sobre el primero, lo que en realidad significa que la decisión de unos (la mayoría) se impone sobre la de otros (la minoría).
Y eso, sinceramente, por mucha votación que haya por medio, no es democracia tal como yo la entiendo.
Me gustaMe gusta
Hola Jesús, gracias por responder.
Tienes razón en decir que no habría ningún ciudadano que no se viera afectado por el resultado de un referéndum, ya que si vive en la polis es sujeto afectado aunque sea de rebote, esto lo entiendo, lo que pasa es que yo me refería más bien a aquellos individuos que creen que ésto no es así, que creen que no les afectan ciertos temas, ya que ellos no están interesados en ellos, y no se les pasa por la cabeza ni por asomo que toda decisión política tarde o temprano repercute en todos los ciudadanos o para bien o para mal o para igual, (igual pero por diferente causa a la que ellos creen, por ejemplo, que dé un resultado igual por puro azar). Entonces me aventuro a suponer que éstos ciudadanos podrían votar perfectamente como tú bien dices, tanto a favor como en contra del bien común, ya que el bien común para ellos no supondría una razón de peso, más bien todo lo contrario me temo.
Me leeré la paradoja del asno de buridán, que la desconozco, muchas gracias y un saludo, Cristina.
Me gustaMe gusta
Tienes razón, Javier, en que la reaparición del «pueblo» como sujeto político está muy relacionada con la «crisis de representación» en las actuales democracias. Aunque tampoco esa crisis es cosa nueva; el nacimiento y éxito de los fascismos y las dictaduras del proletariado también creo que fue un movimiento reactivo ante la crisis de representatividad de los sistemas políticos liberales burgueses de finales del siglo XIX. La cuestión es si esos populismos mejoraron o empeoraron la situación política contra la que reaccionaban.
Pero como filósofos no nos interesa tanto la historia como los principios políticos en juego en ese enfrentamiento conceptual entre ciudadanía y pueblo. Creo que sigue siendo útil, a pesar de los siglos transcurridos, el análisis de Aristóteles, e incluso su clasificación de los regímenes. Recordemos, de mejor a peor: monarquía, aristocracia, democracia, oclocracia, oligarquía y tiranía El «pueblo» se nos presenta como un concepto adanista, precontractual, preinstitucional, previo al Contrato Social, donde la gente se libera de las ataduras del convencionalismo que representan las instituciones y se erige en voz suprema. El problema básico, sin embargo, es que, desaparecidas esas ataduras convencionales e institucionales, y ante la imposibilidad de la incorporeidad práctica de ese pueblo, la etérea voluntad popular (que, en realidad, sólo es la voluntad de la mayoría) se presenta, en un mundo complejo, como campo abonado para la aparición del líder que encarnará la persona del pueblo: el pueblo, vago y diluido, es fácil que acabe siendo encarnado por el tirano. De hecho, si queremos darle visibilidad corporal, no hay otro posible. De forma que, en busca de una eventual mejora de la democracia, el sistema tendría todos los requisitos para convertirse en el peor sistema de todos, a decir del Estagirita: la tiranía.
No voy a negar que los sistemas políticos actuales de las democracias occidentales a lo que más se parecen es a la oligarquía: grupos poderosos de interés, en trabada armonía con políticos venales y egoístas para dominar el marco jurídico y el ejercicio del poder. Pero, haciendo un poco de política comparada, si nos fijamos en los distintos países occidentales, vemos que no todos son iguales, que hay democracias más oligárquicas que otras. Y la diferencia radica, principalmente, en que el juego de contrapesos propio de un sistema institucional democrático en algunos países funciona de forma más efectiva y en otros es puramente formal y nominal, pues el sistema electoral privilegia el dominio de los aparatos de los partidos políticos y el poder judicial aparece condicionado igualmente por estructuras jerárquicas fácilmente controlables por ese mismo complejo oligárquico.
Pero eso no convierte en mejor un sistema desinstitucionalizado, donde cualquier demagogo, en el sentido etimológico de la palabra, «que dirige al pueblo», puede erigirse en la voz del pueblo. De ahí que trajera a colación las ideas de Marcuse sobre la relación Estado-pueblo en el nacionalsocialismo.
Y la desigualdad económica, Javier, a la que aludes, no creo que sea una consecuencia clara de la presencia de un sistema democrático institucional, ni que sea susceptible de mejorar al ser sustituido por un régimen «populista» y demagógico. Es bien conocido que los países con menores índices de desigualdad en el mundo son los países democráticos clásicos. Bueno, si quitamos a Cuba y Corea del Norte; pero no creo que haya que incidir mucho en cuál es la circunstancia de estos países tan igualitarios, cuyo problema no es la desigualdad sino, sencillamente, la miseria generalizada de la población.
Por ello me parece que, efectivamente, los retos del futuro son desafiantes, pero, en mi opinión, la forma de afrontarlos no tendría que ser el derribo de un sistema democrático imperfecto, sino la perfección de dicho sistema, teniendo como puntos cruciales la mayor libertad, la mayor transparencia, la mayor efectividad del contrapeso de los distintos poderes institucionales y la garantía decidida de los derechos de las minorías a vivir conforme a sus opciones vitales, siempre que no comprometan el «consenso solapante» mínimo que garantice la propia supervivencia del marco institucional de una sociedad libre.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Hola Jesús, iba a exponer una reflexión sobre la moral, pero no pude evitar leer esta entrada tuya y hacerme una serie de preguntas sobre el concepto «pueblo»; cuestiones que también podrían suscitar un interesante debate en torno a la «moral».
Recurres de forma magistral a un pasaje bíblico conocido por todos:
Y el pueblo respondió: «¡Suelta a Barrabás!»
Resulta evidente que partes de la premisa de que el «pueblo» yerra y suele equivocarse, pero qué pasaría si cambiamos la palabra pueblo por el concepto de masa. ¿Es lo mismo «la masa» y el pueblo? ¿Sería la república platónica de los «sabios» la solución a los errores que emanan de las voluntades populares? Voy más allá: ¿realmente existen las «voluntades populares» o solo existen las voliciones de reducidas élites oligárquicas que «programan» en las masas (ganado humano) determinados proyectos de vida, condicionamiento y pedagogía social mediante?
Además, obligándome a ejercer de abogado del Diablo, pregunto: ¿por qué damos por sentado que el «pueblo» erró al escoger a Barrabás en vez de a Jesucristo? ¿¿??
¿Por qué la opción correcta tenía que ser la de salvar a un «loco» con ideas delirantes en vez de a un «luchador» que sí se enfrentaba al invasor romano con la fuerza de la espada?
Precisamente, del hecho de que apoyemos arbitrariamente la opción de salvar a Jesucristo, solo puede deducirse que nuestra elección ya ha sido condicionada por toda la tradición y la pedagogía social que, a lo largo de la historia, se ha autolegitimado como «buena» a través de la moral judiocristiana.
Un saludo.
Me gustaMe gusta
Y si nos preguntamos por el derecho a decidir?
Me gustaMe gusta
Creo que tu supuesto, Cristina, es contrafáctico e imposible. Estamos hablando de política, es decir, del ejercicio del poder en la polis y, por consiguiente, no hay ningún ciudadano que no se vea concernido por una cuestión de ese tipo. Pero aún así, supongamos que eso es posible, que se plantea un referéndum y que hay un ciudadano al que no le afecta nada en absoluto el resultado del mismo.
En tal caso, creo que estaríamos ante la misma situación que la de la paradoja del asno de Buridán, del que no hace mucho hablé en este mismo blog (https://arjai.wordpress.com/2015/07/13/en-que-se-distingue-buridan-de-su-borrico/). En principio, el ciudadano se abstendría: ¿por qué iba a perder su tiempo en ir a votar, si le da lo mismo?
Pero aún así, si fuera a votar, entonces, como expliqué también en ese post de Buridán, supongo que el ciudadano votará lo que le dé la real gana. Votará sí o no porque sí, porque le apetece. Pero, entonces, no veo en qué sentido podría estar mirando al bien común. Al contrario, el bien común le trae al fresco, porque si le importara, se abstendría para no desviar con su capricho la voluntad mayoritaria de los demás ciudadanos.
Es importante destacar una cosa. Cuando hablo de interés propio no me estoy refiriendo al sentido vulgar de salir ganando o perdiendo bienes materiales. Como ya puso de manifiesto San Ignacio, y me vuelvo a remitir al post de Buridán, también hay una toma de decisiones que no es libre, sino condicionada por el «núcleo duro» de creencias del individuo, que éste se ve impelido a satisfacer. También Kant se dio cuenta de ese hecho, cuando afirmó que si alguien da limosna por filantropía, porque eso le satisface en su afán de ayudar al prójimo, no actúa con un valor moral, pues obtiene una satisfacción psicológica que es el verdadero móvil de su acción. Sólo el acto ejecutado por obligación moral tiene valor moral, nos decía Kant. Y es así porque sólo bajo esas condiciones el acto es incondicionado, es decir, intrínsecamente libre. Y los actos no libres no tienen valor moral.
Supongo, Cristina, que tú te refieres a ese caso: el ciudadano no tiene interés crematístico o material directo en el asunto. Pero eso, como enseña Kant, no garantiza que no haya un interés particular.
Me gustaMe gusta
Gracias por tu reflexión, Jesús.
El resurgir de la noción de pueblo dentro de los discursos políticos contemporáneos obedece sobre todo en mi opinión a la crisis de representación de nuestros regímenes democráticos. No sólo los irresponsables populistas acuden a esa noción trascendente de pueblo para cuestionar el estado de cosas, sino también aquellos que rechazando ese recurso refrendario apelan a la legitimidad de sus propios pueblos en papel de acreedores, cuando en gran medida no obedecen sino a intereses particulares de su banca nacional.
El retorno a la noción de pueblo no se explica sin embargo sólo en términos puramente instrumentales. También se debe a que al cuestionar la raíz legitimadora de la demo-cracia surja la apelación a sus fundamentos. Una democracia pretende articular no sólo una representación de las voluntades individuales (que arrumbaría con las minorías) sino también articular la negociación política que engendre una suerte de interés general, que más allá del tacticismo partidista pueda ofrecer una visión de futuro con sentido de Estado. Por eso la participación directa de tipo asambleario o refrendario permanente tiene serios problemas para ofrecer una solución a la crisis de la democracia por inoperante, cortoplacista y susceptible a la manipulación paternalista en uno u otro sentido. Pero por otra parte, la democracia representativa ha podido ser secuestrada o como poco cuestionada en su legitimidad por la desigualdad creciente que parece responder al interés de élites económicas transnacionales que habrían puesto a su servicio élites políticas locales, neutralizando la acción democrática al desvincularse de aquella soberanía legitimadora y emergente del «pueblo».
Los tiempos que vivimos son tan desafiantes como interesantes. Cualquier crisis contiene el peligro de la involución, por lo que conviene recordar prácticas que subrepticiamente atentaron contra la democracia, como haces. Pero también es una oportunidad de mejora, que debe abrirse sin sembrar miedos por inmovilismo si no quiere marchitarse.
Me gustaMe gusta
Interesante tu planteamiento por el cual afirmas que llegada la hora de votar en un referéndum, cada uno vota según su propia conveniencia, y no por el bien común. Pero, ahora te pregunto tu opinión sobre lo siguiente: si el referéndum tratase sobre un tema que verdaderamente no te afectase particularmente, pero aún así votases, aquí sí que se votaría por el bien común, ¿verdad? O el ser humano es tan necio que votaría en contra del bien común……Un saludo, Cristina
Me gustaMe gusta